El 26 de marzo, el Ministerio de Salud Pública ordenó el cierre de la clínica estética Diosa en Santiago, tras la trágica muerte de Angélica Geraldín Hernández, de 32 años, quien perdió la vida mientras se sometía a una liposucción.
La joven, según relataron sus familiares, habría sido atendida por el ginecólogo Óscar Polanco, en lugar de un cirujano plástico, lo que genera serias dudas sobre la legalidad y seguridad del procedimiento.
Este lamentable suceso ha desvelado una serie de irregularidades, incluyendo denuncias previas, operaciones clandestinas y presunto intrusismo médico, advertidos por expertos y autoridades desde hace tiempo. La Sociedad Dominicana de Cirujanos Plásticos (SODOCIPRE) declaró que la muerte de Hernández no fue un caso aislado, sino el resultado de una problemática estructural.
En su comunicado, recordaron que desde hace meses denunciaban la existencia de centros y profesionales que operan sin las autorizaciones correspondientes.
Además, la organización hizo referencia a una investigación periodística de marzo de 2025, que reveló cómo en esa misma clínica se promocionaban cursos exprés de cirugía estética con una duración de apenas cinco días. Estos cursos, con un costo aproximado de 6,040 dólares, incluían prácticas con pacientes reales y eran facilitados por profesionales como el ginecólogo Juan Óscar Polanco.
La denuncia señalaba un esquema en el que pacientes eran utilizados como parte del proceso de enseñanza, sin reconocimiento oficial ni aval académico, lo que llevó a que el Ministerio de Salud ordenara su cierre en ese momento.
Pese a ello, la clínica continuó operando en secreto meses después, lo que evidencia la gravedad de la situación. La familia de Hernández relata que la joven inició su proceso en noviembre de 2025, tras ser contactada por una coordinadora de citas llamada Karen Piña, quien se encargaba de captar pacientes a través de redes sociales, gestionar pagos y derivarlos al centro. La joven, en sus grabaciones y mensajes, expresó su preocupación y describió cada paso del procedimiento, incluso firmó un consentimiento minutos antes de la operación.
El trágico desenlace ocurrió cuando, durante la intervención, Angélica sufrió un paro cardíaco que le costó la vida. Sus familiares responsabilizan a varias personas, incluyendo a Karen Piña y al supuesto propietario de la clínica, el doctor Óscar Polanco, a quien consideran responsable directo, ya que la clínica estaría registrada a nombre de su esposa.
La familia se enteró de la clausura del centro a través de las redes sociales y expresaron su intención de emprender acciones legales, apoyados por el abogado Pedro Domingo Brito.
Las investigaciones oficiales han confirmado que la clínica ya había sido clausurada previamente por irregularidades, como modificaciones estructurales no autorizadas. El expediente clínico de Hernández presenta inconsistencias, como la ausencia de firma del médico responsable en el consentimiento informado, y el propio director médico del centro, el doctor Heriberto Duranzo, admitió que no estuvo presente en el momento del procedimiento.
Testimonios de otros pacientes indican que la clínica operaba en horarios nocturnos y en condiciones que violaban normativas, con procedimientos realizados en la clandestinidad y en lugares no adecuados para cirugías.
La red de captación, que movilizaba pacientes desde distintas provincias del Cibao, operaba al margen del circuito sanitario formal, con traslados en horas de la noche y en condiciones precarias.
Este caso ha reabierto el debate sobre la proliferación de clínicas estéticas sin regulación, el intrusismo médico y la vulnerabilidad de pacientes que acuden a procedimientos peligrosos en manos de profesionales no calificados.
La muerte de Angélica Hernández evidencia las fallas en los mecanismos de supervisión y la existencia de redes que operan en la sombra, poniendo en riesgo vidas humanas.
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